La Justicia se dispone a retomar la actividad con test PRC y un más que cuestionado plan de choque

Los jueces se reincorporan hoy mientras la Junta aplica las pruebas de Covid-19 para los trabajadores hasta el 22 de mayo

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Una perspectiva de la Ciudad de la Justicia de Córdoba.
Ciudad de la Justicia / Foto: RAM

REDACCIÓN – INSITU DIARIO

La reactivación de los juzgados y tribunales pasa por instrucciones del Ministerio de Justicia y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y aunque este último organismo mantiene la suspensión de las actuaciones judiciales no esenciales hasta el próximo 24 de mayo, a partir de hoy, 11 de mayo, se procede a la «reincorporación en régimen presencial de los miembros de la carrera judicial» a la vez que suprime el turno rotatorio para el desarrollo de las actuaciones urgentes establecidas por el estado de alarma. Estas medidas no son bien vistas por colectivos como los abogados, procuradores o sindicatos, que las consideran insuficientes desde los puntos de vista procesal, de garantía de derechos y de salud laboral, entre otros. Como ya adelantó Insitu Diario, los profesionales no podrán acudir a los juzgados hasta el 25 de mayo. Otra de las partes que interviene en la Justicia, en este caso la Junta de Andalucía, empezará a hacer el test del coronavirus a todo el personal de su consejería que de forma gradual según se vaya incorporando desde el 11 de mayo y hasta el 22 del mismo mes, ya que no todos los funcionarios empiezan hoy a trabajar.

La reincorporación a los tribunales consta de cuatro fases. Mañana se incorpora entre el 30 y el 40% de la plantilla de cada órgano judicial, la fiscalía y el Instituto de Medicina Legal. Durará al menos una semana, según el plan del Ministerio de Justicia y en esta fase no son obligatorios los polémicos turnos de mañana y tarde. La segunda prevé que se incorpore al trabajo entre un 60 y 70% del personal y ya entran los turnos de mañana y tarde. Tendrá una duración de al menos dos semanas.

La tercera fase es la de «actividad ordinaria con plazos procesales activados» y en ella se incluye la vuelta a sus puestos de la totalidad de la plantilla. La «actividad normalizada conforme a la situación anterior al estado de alarma» es la denominación dada a la cuarta fase, que se producirá cuando se levanten las restricciones sanitarias, lo que permitiría el funcionamiento ordinario de cada juzgado.

Los turnos de tarde

En la orden firmada el sábado por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se contemplan  los criterios para la cobertura de los turnos de tarde en los juzgados establecidos por el criticado real decreto-ley 16/2020 de 28 de abril. La participación en estos turnos será voluntaria y no se prestará servicio de atención al público o a profesionales.

El turno de mañana queda establecido entre las 7.30 y las 14.00 y será de seis horas para cada trabajador. Contará con entre el 70 y el 80% de la plantilla, mientras que al de tarde, de cuatro horas y media entre las 15.00 y las 20.00 horas, acudirá entre el 20 y el 30% del personal establecido según cada fase de la desescalada.

En una parcela de la Administración con escasos recursos tecnológicos y una organización obsoleta, la recomendación del Poder Judicial -esta vez a través del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)- es, como poco, chocante: «Se priorizará, pues, el uso de los medios telemáticos en las actuaciones judiciales y procesales». De momento, el sistema Lexnet, de gestión de notificaciones telemáticas entre los juzgados y los despachos de letrados y procuradores, se ha visto interrumpido desde el viernes al domingo para ser sometido a una serie de mejoras.

El Poder Judicial propone medidas

Para el CPGJ, «no resulta aventurado prever que en el momento en el que se levante el estado de alarma se producirá una situación inédita y excepcional en nuestros juzgados y tribunales, ante la que es necesario estar preparados para mitigar, en la medida de lo posible, sus efectos negativos, consecuencia tanto de la propia reanudación de la actividad judicial suspendida como del previsible incremento de la litigiosidad derivada de la propia emergencia sanitaria, así como del impacto socioeconómico de las medidas adoptadas durante el estado de alarma, como despidos, EREs, ERTEs, procedimientos de Seguridad Social, concursos de persona física y jurídica, impagos, desahucios, procedimientos de familia, sanciones impuestas por el confinamiento, entre otros».

Para hacer frente a esta avalancha que se le viene encima, el Poder Judicial ha eleborado un plan de choque que tiene como «principales objetivos evitar un colapso generalizado en la Administración de Justicia, agilizar al máximo la resolución de todos aquellos asuntos cuya demora pueda incidir más negativamente en la recuperación económica y en la atención a los colectivos más vulnerables, y proporcionar a los jueces y magistrados un escenario fiable para cuando se produzca la vuelta a la normalidad». Son 115 propuestas las que ha recibido de tribunales, audiencias provinciales, asociaciones profesionales, colegios de abogados, procuradores, graduados sociales, administraciones y operadores jurídicos.

Entre las propuestas hay medidas generales de índole organizativas y procesales, que incluyen modificaciones legales, y otras de orden civil -que será una jurisdicción «de las más afectadas por las consecuencias económicas que propicie la situación de alerta sanitaria»-, mercantil y penal y por supuesto la social, con un gran número de despidos y expedientes de regulación de empleo. El Poder Judicial rconoce que «la reactivación de los asuntos que ya están en marcha y el incremento de la litigiosidad como consecuencia de la crisis sanitaria, económica y social aboca a un escenario en el que no cabe descartar la amenaza del colapso».

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