REDACCIÓN – INSITU DIARIO
El sindicato Comisiones Obreras ha presentado denuncia ante la Inspección de Trabajo contra el plan de reactivación de los juzgados y tribunales puesto en marcha por el Ministerio de Justicia y la Junta de Andalucía, al considerar, entre otras cuestiones que la desescalada «no ha sido adoptada conforme a criterios de seguridad y salud laboral, sino que ha sido impuesta de forma unilateral». La central estima que «se está obligando a ir a trabajar sin tener adoptadas las medidas de distanciamiento social que aconseja el Ministerio de Sanidad».
En la página web del Sindicato de Servicios a la Ciudadanía de Andalucía de CCOO figuran una serie de fundamentos que inciden en que la reincorporación de la plantilla a sus puestos «se adopta sin que se hayan realizado las evaluaciones de riesgo específicas contra el Covid-19, acordadas en el seno del Comité Sectorial de Salud Laboral de la Administración de Justicia en Andalucía». A ello se suma que «en muchos casos, como es, por ejemplo, el de los trabajadores que tiene que realizar actuaciones fuera de las sedes judiciales», estas labores se llevan a cabo «sin tener disponibles los medios de protección personal que se aconsejan para estas actuaciones, situación que también se repite en algunas otras sedes judiciales».
Por otro lado, la central señala que el aumento de trabajadores de manera presencial se hace conforme al plan del Ministerio de Justicia, «considerando que se está en Fase 1 de cara a la actividad judicial, sin tener en cuenta» que la propia Sanidad» ha dejado en Fase 0 a las provincias de Granada y Málaga, pero también sin tener en cuenta la particularidad de cada una de las localidades donde se encuentran ubicados los órganos judiciales, de forma que lo que se anunciaba como una medida asimétrica se ha impuesto de manera simétrica sin contar con el más mínimo respaldo de informes» de riesgos laborales «que lo avalen o justifiquen».
También se queja CCOO de que no se ha nombrado personal interino para cubrir las bajas derivadas de la pandemia o enfermedad común y que tampoco se han tenido en cuenta «los permisos a los que han tenido que acogerse el personal considerado de riesgo ante esta enfermedad y aquellos que tienen menores o personas mayores a su cargo». A esto se añade que «sin tener competencia para ello» la Junta y el Poder Judicial están tomando una serie de decisiones que suponen un aumento de trabajo no esencial. «Así, se está produciendo un aumento considerable de asistencia de público y profesionales ajenos a los órganos judiciales para realización de servicios no declarados esenciales, sin que para ello se hayan tomado tampoco medidas de protección de a salud de los trabajadores ni la del propio público que acude a dichas dependencias», destaca Comisiones Obreras. En su opinión, «esto deja sin efecto las mínimas medidas de seguridad adoptadas en cuanto a distanciamiento y aforo de los órganos judiciales».
Por último, la denuncia incluye que «no se ha producido, a día de hoy, el incremento necesario de los servicios de limpieza y mantenimiento, conforme a este aumento de plantilla acordado, para poder cumplir con los requisitos de limpieza reforzada que se suponen que se han de implementar para cumplir con las directrices decretadas por el Ministerio de Sanidad».
