CCOO condena el maltrato en la vejez

Hoy se celebra el Día de Toma de Conciencia del Abuso y el Maltrato

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Mujer sosteniendo un cartel de vejez digna
Mujer sosteniendo un cartel de vejez digna Foto: Laura Martín

REDACCIÓN – INSITU DIARIO

La Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Córdoba quiere expresar su máxima repulsa al maltrato en la vejez. El sindicato hace patente su rechazo a cualquier tipo de violencia sobre las personas mayores coincidiendo con la celebración del Día de Toma de Conciencia del Abuso y el Maltrato en la Vejez para promover los derechos humanos de las personas mayores y luchar contra la discriminación, la violencia, el abuso y el maltrato que experimentan muchas de estas personas, según una nota de prensa de CCOO.

El debate sobre la discriminación a las personas mayores empieza a cobrar una mayor relevancia pública al conocer las dramáticas consecuencias que tienen para las personas mayores, para las familias y la sociedad en general, los fallecimientos de personas ancianas registrados en residencias, y lamentamos que estas personas quedasen desasistidas de su derecho a ser atendidas en un centro hospitalario. 

Las personas mayores, van perdiendo autonomía, sufren la discriminación a medida que envejecen y progresivamente se ven despojadas de la posibilidad de decidir por sí mismas hasta convertirse en dependientes y renuncian en muchas ocasiones a la toma de decisiones. Hay que tener en cuenta, en todo caso, que no se trata de un grupo homogéneo, ya que a menudo se experimenta una discriminación múltiple, sumándose a la edad otros factores como el nivel educativo, el género, el origen étnico, el lugar en el que viven, la discapacidad o la pobreza Entre estas múltiples discriminaciones cruzadas que sufren las personas mayores, merece la pena mencionar aquella que sufren las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Se trata de un tema relativamente nuevo en España, ya que es ahora cuando está llegando a la vejez la primera generación que en su juventud no pudo salir del armario dada la realidad política existente pero sí lo hicieron en su madurez. 

A pesar de la escasez de estudios que valoren la magnitud de la problemática, existen informes que permiten afirmar que la mayor parte de los agresores son las personas cuidadoras, cónyuges o parientes cercanos y que la mayor parte de las víctimas son mujeres y especialmente aquellas de mayor edad. Se trata de una problemática que ha permanecido invisibilizada ya que pasa casi inadvertida, siendo relegada al ámbito de lo privado. Por eso llamamos a la necesidad de definir, detectar y resolver estas discriminaciones y potenciar el papel que cumplen los servicios de atención primaria de salud y los servicios sociales.

Las personas mayores tienen jurídicamente los mismos derechos, libertades y deberes civiles y políticos constitucionales que los demás ciudadanos, de lo que solo pueden ser privados en los casos de incapacitación judicial. Sin embargo, en la práctica, se encuentran a menudo en situaciones de mayor vulnerabilidad en el ejercicio real de estos derechos, cuando sus realidades se ven afectadas por la pobreza, la discapacidad, la enfermedad o el aislamiento social. La protección jurídica abarca tres aspectos, todos ellos necesarios y complementarios: la formación en los derechos, la orientación ante un problema concreto y la tutela judicial. Potenciar la información y educación en la defensa de los propios derechos e intereses es un punto de partida, que no debe dirigirse únicamente a la población anciana, sino también a los profesionales jurídicos.

La orientación implica atender a las dudas jurídicas que una persona mayor pueda tener en su cotidianeidad en los diferentes ámbitos de su vida. Por todo ello el reto en el ámbito jurídico consiste en diseñar programas específicos para lograr una tutela jurídica real para las personas mayores, teniendo como objetivo preservar al máximo la capacidad jurídica del mayor y permitirle, siempre que sea posible, realizar actos jurídicos de la vida cotidiana. En España se han venido introduciendo una serie de medidas y figuras jurídicas de protección para la protección de las personas mayores, que pese a no ser muy conocidas, van ganando relevancia como la Ley de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad, que pretende una mayor protección a las personas mayores o personas con discapacidad y su patrimonio a través de figuras como el patrimonio protegido y sus ventajas fiscales, autotutela y poderes en previsión de la propia discapacidad o demencia, novedades sucesorias, contrato de alimentos o el derecho de habitación. 

Desde la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO no cesaremos en nuestro trabajo hasta conseguir un modelo de coordinación socio-sanitaria bajo la coordinación y supervisión de los servicios públicos de salud. La reorganización de los centros de atención de personas dependientes. La atribución a la jurisdicción social de los litigios en materia de Dependencia. Para ello es fundamental el dialogo social para que estas medidas se tomen en el menor tiempo posible.

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