jueves, 1 octubre 2020
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    El Poder Judicial. Ideas para que sea realmente un poder del Estado democrático

    Javier Vargas

    Abogado

    El ciudadano, en un país democrático, en el sentido exacto de la expresión política, entre los derechos fundamentales que tiene está el de la tutela judicial efectiva. Se decía que el poder puede brotar de la fuerza física, del cañón de un arma, del poder económico, cuando tu subsistencia depende de él, pero todas las anteriores reflexiones no sirven para nuestro modelo de convivencia. La razón de ser del ordenamiento jurídico está en el convencimiento interno de la inmensa mayoría de los ciudadanos de que no solamente obliga sino que da derechos.

    Ya no son grupos dominantes los que imponen las normas sobre otros en nuestro sistema. La cuestión está en el tercer poder. Es decir, los jueces y tribunales, fiscales, abogados y todo lo que tiene que ver con una oficina judicial.

    Si en España hay escasamente 5.000 jueces y magistrados y 3.000 fiscales, de los cuales un tercio, más o menos, son interinos, tenemos que partir de ahí para darnos cuenta de que estamos en relación a nuestro entorno judicial europeo democrático en lo que se denomina la peor tasa por 100.000 habitantes de la Unión Europea. En relación a las retribuciones, solamente los magistrados y fiscales del Tribunal Supremo tienen unos salarios homologables con la mayoría de los países. En el resto de la organización están muy por debajo.

    Los presupuestos son los que son, y también hay que decir que somos uno de los países que en la partida correspondiente destina menos inversión. El Reino de España ocupa el número 29 de Europa; no está mal. Estamos por detrás de la mayoría de los países del Este y a considerable distancia de Alemania, Turquía o Rusia. El mayor crecimiento de asuntos judiciales pendientes corresponde a Rumanía, seguida de Azerbaijan y Georgia. España ocupa el sexto puesto por la cola junto a Turquía y Andorra. Esta es nuestra realidad irrefutable.

    Si queremos aportar soluciones ciertas y correcta hay que partir de la verdad. La mentira, y más cuando se utiliza de forma propagandística por los partidos políticos que gobiernan o pueden gobernar la nación llevan a soluciones de mentira, generalmente se escudan que nuestra sociedad es muy litigante, que los jueces y fiscales no trabajan y que el abogado solo quiere pleitos, y es un mercader, que lo único que persigue es ser como una sanguijuela que chupa la sangre a sus clientes. Esto se ha dicho siempre desde la filosofía marxista y también, por supuesto, de la filosofía burguesa. No es así.

    El Poder Judicial y todos los que colaboramos con la justicia, siendo imprescindibles en función del artículo 24 de nuestra Constitución, lo que primero que tendríamos que ver es qué ocurre en la casa común. El análisis tiene que ser independiente y riguroso y en él tienen que ser escuchados todos los que participamos en el mismo. El sistema de elección de jueces que se integran en el Poder Judicial tiene que cambiar radicalmente. Lo primero, digan lo que digan, y la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial, que tienen su ancla en el periodo democrático de gobernanza por el PSOE, y luego por el PP, vieron que eligiendo ellos a los consejeros ejercían control de los mismos. No olvidéis que en el Supremo y en las Audiencias Territoriales y Tribunales Superiores es donde hay más homologación económica con el resto de Europa. Se puede premiar o se puede castigar. ¿Se eligen por capacidad y mérito o por medrar? Estamos convencidos de que se dan las dos cosas, pero la sospecha siempre está ahí. Hay que cambiar la Ley Orgánica y los jueces deben de ser elegidos entre ellos mismos fundamentalmente y de manera mayoritaria, sin perjuicio de que las ternas sean ratificadas en el Parlamento, pero dentro de ellas. Lo demás es un Poder Judicial de fachada, y si funciona, a nivel individual y concreto, es por la conciencia ética de la mayoría de los jueces, magistrados y fiscales.

    Si avanzamos en la reflexión basada en hechos probados, las opiniones son libres, lo anterior es incontestable, salvo las pocas opiniones que damos.

    Estamos en un cambio de era, que arrancó a mediados del siglo pasado y con una sucesión supersónica de acontecimiento en acontecimiento que nos ha llevado a una nueva realidad social. Tenemos que creer en las instituciones; el ciudadano tiene que creer en las mismas, las convicciones tienen que adaptarse a la verdad. Hemos visto doblegar, por simples ciudadanos individuales y anónimos, a grandes corporaciones económicas. Hemos visto en prisión, después de un juicio justo con todas las garantías, a personajes públicos, famosos, ya sean políticos, deportistas o artistas; vemos florecer día a día organizaciones criminales, algunas de ellas asentadas en grupos políticos, que pueden hacer que el ciudadano tenga más miedo al poder del cañón de un arma, que es la única justicia que existe. Estos retos y desafíos son para nuestro país y para el mundo occidental.

    Los fiscales tienen que alejarse de los gobiernos, en cuanto al nombramiento del Fiscal General y acercarse al criterio e integrarse aún más si cabe dentro de una figura parecida al Poder Judicial. No sirve a Gobiernos: sirven a la Ley. El principio de defensa de la ley, y por tanto de la tutela judicial efectiva descansa, en ellos. Intervienen en casi todos los órdenes jurisdiccionales, donde están las víctimas de delitos y las personas más vulnerables. No pueden ni deben moverse por directrices políticas y tienen que alzar su voz. El ejemplo de esta situación la vemos en la actual Fiscal General del Estado, que fue ministra de Justicia con el partido que gobernaba antes de las últimas elecciones. Se la ha visto en grabaciones y se la verá ahora dando instrucciones. La vehemente sospecha apunta a todo lo expresado anteriormente.

    Lo anterior es solo un ejemplo: la finalidad del ordenamiento jurídico, más primaria o pedestre, es la seguridad jurídica y la paz social, pero dentro de ella hay una permanente aspiración al valor justicia, y por tanto, las normas podrán ser correctas, pero si quien la aplica no busca la aspiración sustancial, siempre serán resoluciones incorrectas.

    Lo mismo tenemos que decir del abogado; no hay buenos ni malos, pero la palabra abogado es muy difícil de obtener con merecimiento. El abogado tiene que ser independiente y ahora vemos que muchos no lo son, pertenecen a grandes corporaciones que no le enseñan nada más que a ganar dinero; no somos yuppies, ni mucho menos. Lo primero que hay que pensar es ser leal con el cliente y lo segundo es nuestra actitud en el asunto concreto. No hay especialidades, estamos más o menos dónde siempre hemos estado. La abogacía ha escrito páginas luminosas. Se dice que somos los soldados anónimos de la jurisprudencia, pero tenemos que hacer autocrítica porque tenemos páginas muy negras; los historiadores también así lo han puesto de manifiesto. En definitiva, también estamos ante nuestra concienci, y lo primero que tenemos que saber es que esta hermosa profesión se aprende estudiando mucho, se ejerce pensando más, pues cada caso y ser humano es un mundo, y lo último, y muy merecido, es ganar dinero, pero no deberíamos asimilarnos a los mercaderes, como nos han ubicado.

    Hechas estas reflexiones, como seguramente serán discutibles o discutidas, os pedimos, si lo veis bien vuestra sincera opinión.

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