Inicio Actualidad Los abogados tildan de «desastre» el plan de choque para los juzgados

Los abogados tildan de «desastre» el plan de choque para los juzgados

La iniciativa del Gobierno contempla juicios en agosto y jornadas de mañana y tarde para los funcionarios

REDACCIÓN – INSITU DIARIO

En un intento de suavizar el colapso que se avecina en juzgados y tribunales -ya de por sí sobrecargados– tras más de un mes y medio de parón por la alerta sanitaria del coronavirus, el Consejo de Ministros ha aprobado un plan de choque en materia de Justicia para mitigar el impacto de este paréntesis y restablecer la normalidad. El decreto ley consta de 27 artículos, una disposición adicional, dos disposiciones transitorias, seis disposiciones finales y una disposición derogatoria, que afectan principalmente a las jurisdicciones de Familia, Mercantil y Social. Pero los más llamativo es la intención de mantener abiertos los juzgados del 11 al 31 de agosto, turnos de mañana y tarde para los funcionarios y vistas, actos procesales y comparecencias por vía telemática en una parcela de la Administración que se caracteriza por la falta de medios. Este plan se mantendría hasta tres meses después de que fuera anulado el estado de alarma.

Aunque el ministerio ha mantenido reuniones con asociaciones y colectivos de los llamados operadores jurídicos (abogados, jueces, procuradores, fiscales, graduados sociales, sindicatos de funcionarios, etcétera), la mayor parte del texto ha salido del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que para más señas está en funciones.

El decano del Colegio de Abogados de Córdoba , José Luis Garrido, tilda de “desastre” estas medidas y hace especial énfasis en la apertura de agosto por “ineficaz de inoperante”. Los letrados habían propuesto, a través del Consejo General de Colegios de Abogados, “quitar el tapón en los juzgados con la celebración de actos y juicios mañana y tarde hasta julio, descansar en agosto y retomar el trabajo el 1 de septiembre”. En su opinión, «lo que no se puede vender es que esto ha sido consensuado porque no tiene el apoyo de nadie», destaca el abogado, quien añade que «todas las medidas son ineficaces porque no se ha cogido en toro por los cuernos y ni siquiera hay dotación presupuestaria».

Entre las principales iniciativas de este plan en el ámbito del Derecho de Familia se encuentra la creación de procedimientos especiales para el régimen de visitas o custodia compartida en caso de que uno de los progenitores estuviera afectado por el coronavirus, o el pago de pensión a los cónyuges o a los hijos. A ello se suma que las vistas se celebrarán en el plazo de diez días y los autos y sentencias se comunicarán en tres días, algo que “ya lo dice la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley Orgánica del Poder Judicial; o sea, lo que hay que hacer es cumplir lo que ya hay”, señala Garrido. El principal problema de la Justicia «es la falta de control; hay sentencias que tardan años«, indica el decano.

También hay «parches» en materia de Social. «No quiero ni pensar que llegue a a pasar lo mismo con las cláusulas suelo que con los ERTE (expediente temporal de regulación de empleo): crear un juzgado aparte para impugnaciones de expedientes, despidos y reclamaciones de trabajadores, juzgado que ya nacería colapsado. Va a ser un maremagnum», resalta Garrido. Ante este panorama, el letrado vaticina que «habrá una avalancha tremenda en Familia, Mercantil, Social y Civil, con muchas reclamaciones de deuda» entre litigantes.

En el plano procesal, el referido plan contempla deudas y moratorias de alquileres e hipotecas, la preferencia de los procedimientos concursales de deudores que sean personas naturales (no empresarios), tramitar los ERTE como conflictos colectivos, declarar urgentes las impugnaciones de la regulación de empleo, lo mismo que los despidos. Además, el Ministerio de Justicia prevé dedicar órganos judiciales para resolver procedimientos que surjan del impacto del Covid-19.

El decreto ley incluye que juicios y comparecencias se desarrollarán preferentemente por vías telemáticas, exceptuando a los procesados por delitos graves, que tendrán presencia física. «Nos hemos visto negros para las actuaciones en las guardias por vía telemática y aquí no hay instalaciones para eso» que propone la Administración, insiste Garrido, «por lo que todo este plan nos parece un brindis al sol«.

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