Rechazo sindical al plan de choque del ministerio para los juzgados

Las centrales critican la falta de garantías en materia de seguridad laboral y la nula negociación en las condiciones de trabajo

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REDACCIÓN – INSITU DIARIO

El plan de choque propuesto por el Ministerio de Justicia para la reactivación de la actividad en juzgados y tribunales ha tenido poca aceptación entre los operadores jurídicos, entre ellos las centrales sindicales, que critican la falta de garantías en materia de salud laboral, la nula negociación en las condiciones de trabajo, las fases de la desescalada y los turnos de tarde. Lo que sí han conseguido, aunque no del ministerio, es que la Junta de Andalucía someta al personal de Justicia a test de coronavirus.

«El ministerio plantea una desescalada al margen del plan general del Gobierno y centrada, únicamente, en la reactivación de los plazos procesales (la misma denominación de las fases es muy gráfica a este respecto) y no en criterios sanitarios y de salud pública» que son, a juicio de CSIF, «los que deberían regir la vuelta a la normalidad en una crisis de salud pública y en un estado de alarma por emergencia sanitaria». Para este sindicato «hace falta mayor transparencia en el diseño, implantación y seguimiento del plan de agilización que el ministro lleva anunciando desde hace semanas y que aún no ha sido trasladado a las organizaciones sindicales de Justicia cuando, sin duda, va a afectar a las condiciones laborales del personal al que representamos!».

CCOO «rechaza el plan presentado por el Ministerio de Justicia tras la negociación, que entraría en vigor a partir del martes 12 de mayo, porque las medidas que contiene impiden, entre otras cuestiones esenciales para la salud del personal, la paralización temporal de la actividad cuando hay riesgo cierto de contagio». Comisiones Obreras considera que el ministerio «se niega a reconocer que la Administración de Justicia tiene que cumplir estrictamente con lo que establezca la autoridad sanitaria para cada ámbito territorial: no se puede aceptar que algunas localidades o territorios sigan en la fase 0 y los servicios de Justicia de esa localidad en la fase 1, como si el personal de Justicia y quien tenga que acudir a las sedes judiciales fueran ciudadanía de segunda, que no tienen derecho a la misma protección de su salud que el resto».

SPJ-USO insiste en que «estamos en situación de Estado de Alarma y que lo seguiremos estando a partir del día 10 de mayo y hasta el 24, y que la obligación de la Administración es la de preservar la seguridad y salud de su personal ante los riesgos graves e inminentes que, desgraciadamente, aún padecemos«. Esta central reclama «un plan general de evaluación de riesgos y un programa de medidas, incluidas las de diagnóstico de la enfermedad mediante test para todo el personal de Justicia de Andalucía, con carácter urgente e inmediato».

Por su parte, UGT apuesta «por una reincorporación gradual y progresiva a los puestos de trabajo por parte de los funcionarios, pero esta reincorporación debe estar de acuerdo en todo momento con las normas que marca Sanidad» y añade que «en Justicia jamás se ha cumplido con la prevención de riesgos laborales, y que o tiene sentido ampliar el número de funcionarios que tienen que acudir a trabajar sin que se asegure que se dispondrán de EPIS suficientes. Opinar o aceptar las propuestas realizadas sobre la cobertura de los puestos de trabajo por turnos de mañana y tarde sin que haya un borrador previo de la propuesta no es posible» para esta central sindical.

Por ultimo, STAJ ha llegado a la conclusión de que «no son las medidas que ayudarían a una salida razonable de la crisis sanitaria» que padece España, «en lo que al servicio de Justicia se refiere». La normativa «deja abiertas cuestiones organizativas, número de efectivos y mecanismos de movilidad» que ya en su día llevó a este sindicato a secundar una huelga general. Para STAJ, existe una «falta de garantías en los controles de seguridad laboral de los funcionarios que cada día acuden a su puesto de trabajo con asistencia a detenidos, víctimas de delitos, profesionales y público en general».

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