Las redes se han llenado estos días de todo tipo de contenido sobre el coronavirus (Covid-19). Uno de los más preocupantes es la denuncia por parte del colectivo sanitario en relación a los equipos de protección individuales (EPIs).
El personal sanitario de los hospitales, centros de salud y demás centros médicos son un colectivo que se encuentra en constante contacto con el principal causante de esta crisis sanitaria, el Covid-19. Conforme aumentan el número de afectados, la falta de equipos de protección individual se hace notar y se convierte en un grave problema en los distintos centros del país.
Ante esta situación, algunos profesionales han optado por adquirir su propio equipo de protección individual, pero parece ser que esta práctica no siempre es aprobada por los superiores.
Enfermera Saturada es una de las cuentas más conocidas y con más seguidores en Twitter, que representa, en muchas ocasiones, al gremio. «Nos dan una mierda de EPIs. Cambian los protocolos cada día según el material disponible. Cada día caen contagiadas más compañeras. Y ahora encima hay supervisoras que se dedican a amenazar con expedientes a compañeras que compran sus propios EPIs para protegerse», denuncia.
El mal estado del material, los protocolos cambiantes y las amenzas por comprar material de protección propio, son los puntos más denunciados en las redes sociales por parte de este colectivo. A ese tweet se ha sumado una avalancha de respuestas de apoyo, muestras de cariño y apoyo. Muchos testimonios de sanitarios de diferentes puntos del país coinciden.
«Habrá que enseñarles a esas personas el artículo 316 del Código Penal«, escribe una internauta. Este artículo es claro y dispone que «los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses». El objetivo es evitar y prever un resultado lesivo, ya sea muerte o lesiones, de los trabajadores.
Una situación alarmante que ha despertado a los sanitarios en redes sociales y que hace reflexionar, como bien pregunta un twittero, «a qué precio humano» esto se tendrá en cuenta.
