REDACCIÓN – INSITU DIARIO
La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela, ha recomendado al obispo, Demetrio Fernández, que los sacerdotes reduzcan “al mínimo imprescindible” las acciones asistenciales en las viviendas de los enfermos y que, en la medida de lo posible, lo hagan mediante llamada telefónica o videoconferencia, “puesto que quien realiza las visitas a distintos domicilios podría convertirse en vector activo de transmisión” del coronavirus.
Según ha podido saber Insitu Diario, el obispo dirigió días pasados una carta a la representante del Gobierno en la que planteaba algunas dudas sobre la aplicación el estado de alarma, una de ellas la asistencia de los enfermos en sus domicilios, lo que está permitido, en el criterio de la subdelegada, por el Real Decreto que lo regula en atención a la “asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables”.
En estos casos, Valenzuela indica al obispo que esa asistencia “debe tener inexcusablemente un carácter de urgente necesidad y no postergable”, en clara alusión a la administración del sacramento de la extremaunción, aunque advierte, “se debe tener conciencia del alto riesgo de contagio que entraña esta actividad y actuar en consecuencia”.
La repuesta de Valenzuela, a la que ha tenido acceso en exclusiva Insitu Diario, parte del principio de la actividad de los sacerdotes. “Si bien es cierto de que no se trata de un desempeño profesional al uso, sí debería ajustarse su labor a las medidas sanitarias y deambulatorias que afectan al resto de la población”; es decir, que los miembros de la Iglesia no están exentos de cumplir las medidas de limitación de movimientos más allá de las que permite el Real Decreto que regula el estado de alarma.
Por ello, en la contestación al obispo señala que “el sacerdote debe ir debidamente protegido manteniendo la distancia de seguridad con el asistido y sus familiares” y que “en caso de tener que administrar los santos óleos, no debe existir contacto directo con los enfermos”.
La respuesta de la subdelegada a la consulta de Demetrio Fernández, además, rechaza que la Iglesia católica tenga que mantener una atención a los necesitados, para lo que el obispo proponía un sistema concentrar esta actividad en un único día de la semana por medio de “los voluntarios que realizan esta labor caritativo-social”.
Valenzuela le recuerda que “para las personas sin recursos que deben recibir alimentos con los comedores sociales se está disponiendo en muchos lugares un sistema, mediante voluntariado, de entyrega a domicilio” y que “las personas sin hogar están siendo alojadas en lugares habilitados con comedores”.
Por ello, a juicio de la subdelegada, “podría no existir, por tanto, motivo para recibir a personas con necesidad en las parroquias, existiendo sistemas paralelos de distribución de alimentos”, motivo por lo que aconseja al obispo que las personas que que “habitualmente reciben servicio” en los templos de la Iglesia “sean derivadas hacia estas iniciativas habilitadas por voluntarios de diferentes organismos”.
Aunque, recogiendo la doctrina del Tribunal Constitucional, los párrocos no tienen la condición de trabajadores, la subdelegada admite que éstos puedan desplazarse entre las distintas parroquias que tengan asignadas, pero entiende “muy conveniente que el Obispado pudiera expedir un certificado de similares características (a los que tuvieron los trabajadores por cuenta ajena cuando se estableció el permiso retribuido recuperable) a los párrocos que así lo soliciten”, más aún, precisa, “a aquellos que deban atender parroquias ubicadas en diferentes localidades”.
