Alfonso Muñoz: «Del sálvese quien pueda, a no dejar a nadie atrás»

El senador del PSOE apuesta por lo púbico y pide que así lo hagan los cordobeses en las próximas elecciones

Alfonso Muñoz Cuenca

La crisis financiera de 2008 se desató debido al colapso de la burbuja inmobiliaria y afectó de manera decidida a dos sectores principalmente, al sector financiero y al sector inmobiliario. Pero lo importante de estas situaciones es la respuesta que se da y qué medidas se adoptan para minimizar los efectos de las crisis.

Habría que recordar que entre enero y mayo de 2012, la prima de riesgo española escaló hasta los 550 puntos y, ante la incapacidad del Gobierno de Rajoy de dar respuesta y atajar el problema, la Troika tomó las riendas de la situación. El 9 de junio de 2012 España pide el rescate, congela las pensiones, recorta la prestación por desempleo, ajusta la plantilla de sanidad y educación, suspende la tasa de reposición de funcionarios y aprueba la mayor subida de impuestos de la historia reciente.

Tras las valoraciones, la cifra que se pidió al mecanismo de rescate bancario ascendió a los 41.333 millones de euros. Millones que fueron a parar a la banca, dejando abandonados a su suerte a trabajadores, autónomos, empresas, pensionistas y personas vulnerables. España tardó 12 años en recuperar los datos de afiliación previos a la crisis.

Ante el dramático panorama, la falta de acción, la angustia de los españoles y los casos de corrupción que salpicaban al gobierno, sale adelante la primera moción de censura de nuestro país y la situación cambió radicalmente, aún a pesar de las muchas dificultades.

Nada más constituirse el primer gobierno de coalición de nuestra historia reciente, la Covid 19 se extiende rápidamente por todo el mundo provocando una pandemia, miles de muertos diarios y una rapidez de contagio alarmante que conlleva que los países, entre ellos España, decreten Estados de Alarma, paralizando en seco toda la actividad mundial.

Pero la respuesta que se da a la crisis por parte del Gobierno progresista de Pedro Sánchez es totalmente opuesta a la planteada por el anterior gobierno de derechas.

Se ponen en marcha los Ertes, se exonera a las empresas del pago de cotizaciones, se concede a los autónomos la prestación extraordinaria por cese de actividad, se habilitan líneas ICO de liquidez y se crea el Ingreso Mínimo Vital. Este esfuerzo del gobierno de España ha sido brutal y Andalucía ha sido de las comunidades más protegidas.

Desde el comienzo de la pandemia se ha protegido a un total de 576.000 trabajadores andaluces por un importe acumulado de 2.279 millones de euros, se han concedido 549.231 prestaciones a autónomos andaluces por importe acumulado 1.500 millones de euros y 351.713 andaluces perciben el IMV con un gasto acumulado de 1.028 millones de euros. A lo que hay que sumar los cerca de 10.000 millones de euros que Andalucía ha recibido de los fondos europeos, conseguidos por Pedro Sánchez, a pesar de las trabas que puso el Partido Popular. Es esta ocasión, en tan sólo 14 meses, se recuperaron los niveles de afiliación previos a la pandemia.

¿Y qué ha hecho Moreno Bonilla? Mejor que no hubiera hecho nada. Despidió a 8.000 profesionales sanitarios y potenció la sanidad privada; en educación aumentó la ratio de alumno por clase y recortó 2.500 plazas; más de 36.000 andaluces han fallecido en 2021 pendientes de resolución de la dependencia; en empleo prometió 600.000 puestos de trabajo y tenemos 6 puntos más de paro que la media nacional -1 de cada 4 desempleados es andaluz-… Tampoco ayuda a las personas vulnerables: mientras el Gobierno de España protege a 134.000 andaluces con el IMV, la Junta de Andalucía sólo abona 5.300 rentas mínimas andaluzas.

Podría seguir poniendo muchos más datos comparativos, pero estos datos bastan para evidenciar que el lobo se camufla bajo una piel de cordero. Y es que, aunque no notemos sus bocados, ni sintamos sus rugidos, los lobos se acercan de manera sigilosa a su presa, devaluando los sistemas públicos, creando corrientes de opinión negativa, estimulando la incertidumbre y la inviabilidad de nuestros pilares públicos del Estado del Bienestar y facilitando y potenciando la privatización de los servicios.

Las cosas no suceden porque sí, los derechos no se consiguen espontáneamente, las respuestas a los problemas no son automáticas e iguales en todas las situaciones, las medidas que se aplican tienen una finalidad -algunas a corto plazo y otras a largo- y el modelo de país no es el mismo para todos los partidos.

Por eso, el 19J tenemos la oportunidad de elegir qué modelo queremos para Andalucía: si queremos un gobierno que apueste por lo público o uno que nos aboque a la privatización; un gobierno que proteja a sus ciudadanos ante situaciones de necesidad o uno que se haga el sueco; un gobierno que apueste por la modernización de Andalucía, como hará el PSOE de Andalucía con Juan Espadas, o uno que sólo busque confrontar con el Gobierno de España, como hace el PP.