Crean la Plataforma de Afectados por los Servicios de Ambulancias de Córdoba (Pasac)

Los trabajadores y pacientes vienen sufriendo unas consecuencias pésimas

Ambulancia

Ha quedado constituida la Plataforma de Afectados por los Servicios de Ambulancias de Córdoba (Pasac) con el objetivo de «visibilizar y denunciar un problema que afecta a toda la población» de la provincia, en este caso «la pésima calidad del servicio prestado por SSGA y MP, la empresa privada que ganó la licitación de la Junta de Andalucía».

En este sentido y en un comunicado, la recién creada plataforma ha asegurado que, «desde que la empresa SSGA y MP entró a prestar los
servicios contratados, el pasado 17 de septiembre de 2022, los trabajadores y pacientes vienen sufriendo las consecuencias de un servicio privatizado de pésima calidad» y que incurre en diversas «irregularidades».

Así, según ha señalado Pasac, la adjudicataria «no cumple con el total de ambulancias necesarias para prestar los servicios, y las ambulancias que están prestando el servicio no tienen la dotación necesaria, ni siquiera la básica, que viene en el pliego de condiciones de la licitación«, a lo que se suma que la empresa «no ha cumplido con el 100 por 100 de la subrogación de los empleados» de la anterior adjudicataria.

Además, los trabajadores que sí han sido subrogados «están trabajando bajo mucha presión, para cubrir el trabajo de los no subrogados«, sufriendo una «sobrecarga de trabajo» que no se refleja en su nómina, al contrario, «este mes de noviembre su nómina se ha visto reducida, no percibiendo el total de su salario».

Toda esta situación, según han señalado desde Pasac, «además de afectar a los trabajadores directamente, también afecta a los pacientes que requieren el servicio de ambulancias para acudir a sus centros
sanitarios, ya sea para asistir a consultas programadas o por una urgencia. Dichos pacientes ya han prestado muchas quejas, cansados de tener que esperar horas para recibir el servicio».

Por todo ello, desde la plataforma han avisado que llevarán a cabo movilizaciones «hasta que la empresa empiece a cumplir con todos los servicios descritos en el pliego de condiciones y, si no fuese de esta manera», exige al Gobierno de la Junta de Andalucía «que tome las medidas necesarias para hacerlos cumplir», llegando incluso, si es preciso, a rescindir «el contrato a esta empresa privada, que está jugando con la vida de pacientes y trabajadores«.