CSIF recurre la sentencia que condena a los dos profesores por el fallecimiento de un alumno

El sindicato ha acompañado y defendido jurídicamente a uno de los docentes en todo este proceso

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Juicio a los dos profesores acusados tras la muerte del niño ahogado en Baños de Popea

La asesoría jurídica de CSIF ha presentado un recurso de apelación a la Audiencia Provincial contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba en la que se condena a sendas multas de 3.600 euros a dos profesores del IES Colonial del municipio cordobés de Fuente Palmera por delitos de homicidio imprudente tras el fallecimiento de un alumno en una excursión a los Baños de Popea en mayo de 2018.

Según informa en una nota el sindicato, que ha acompañado y defendido jurídicamente a uno de los docentes en todo este proceso, los servicios jurídicos aseguran en el recurso presentado que «los profesores prestaron la atención y la vigilancia debida y sólo un desgraciado accidente inevitable, como quedó acreditado por las declaraciones testificales, produjo un fatal desenlace«.

Por este motivo, se solicita la revocación de la sentencia del Juzgado de lo Penal número 4 y la consiguiente absolución del docente condenado que está siendo representado legalmente por el sindicato, aunque, por los mismos argumentos, CSIF considera que la otra profesora procesada también debería ser absuelta.

CSIF, que lamenta el fallecimiento del menor, recuerda que desde hace tres años cuando ocurrieron los hechos ha mostrado su «solidaridad y apoyo a los profesores encausados«. En este sentido, la responsable del Sector de Educación de CSIF Córdoba, Elena García, reclama «un mayor respaldo de la administración al colectivo docente ante la situación de desamparo e inquietud que ha generado entre el profesorado esta sentencia».

Desde CSIF se pide a la Consejería de Educación y Deporte de la Junta «amparo y seguridad jurídica para los docentes cuando se desarrollan las actividades extraescolares y complementarias, que tienen una gran importancia en la formación del alumnado, pero que tienen inherentes unos riesgos».

Asimismo, consideran que «es necesaria una nueva normativa que aporte una mayor protección y seguridad al profesorado y al alumnado cuando tengan lugar estas actividades, incluyendo la dotación de mayores recursos humanos y materiales».

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