REDACCIÓN – INSITU DIARIO
El colectivo de auxiliares de Servicios Sociales municipales se considera «una bomba de relojería infecto contagiosa que puede propagar enfermedades porque no tenemos derecho a saber si trabajamos con personas contagiadas» pues están amparadas por la Ley de Protección de Datos. A ello se suma la carencia de medios suficientes de protección y el desconocimiento de si están infectados o no, ya que no se les ha hecho «test alguno». María Paz Ruiz Relaño, delegada sindical de CTA, apunta que son unas 900 personas, la mayoría mujeres, las que trabajan en este sector en la capital cordobesa empleadas por empresas, muchas de ellas multinacionales, que han obtenido la concesión de prestar ese servicio al Ayuntamiento.
Ruiz señala que «estamos reutilizando las mascarillas quirúrgicas porque no disponemos de las suficientes» y recuerda que este tipo de protección «solo vale para cuatro horas, cuando la jornada laboral es del doble». Añade que «solo atendemos a población vulnerable y ahora estamos más expuestas que antes» ya que «no sabemos quién está infectado y quién no», a lo que se suma «la falta de material».
En ese mismo ámbito de reivindicaciones entran los test, «para asegurar que no vamos a infectarnos ni tampoco a propagar» el coronavirus entre los usuarios. «Queremos proteger a los abuelos», resalta, y por ello «las empresas y las administraciones nos deben facilitar los medios».
Esta sindicalista asegura que el Ayuntamiento «ha suspendido la ayuda para el grado 1», personas que se pueden valer por si solas hasta cierto punto, y que en la actualidad «solo estamos trabajando» la mitad del colectivo «pero nos vamos rotando». Por último, destaca que los responsables municipales «no tienen ni idea de lo que han supuesto los servicios mínimos», pues aunque se sigue atendiendo a los usuarios de grado III (grandes dependientes), «han dicho que se podía pasar sin ayuda a domicilio a los de grado II».
