REDACCIÓN – INSITU DIARIO 12:00
Comisiones Obreras (CCOO) ha denunciado que, a pesar de existir medidas de protección para las personas trabajadoras, tanto a nivel estatal como autonómico, «la mala gestión, las evasivas continuas y la falta de actitud proactiva de la Consejería de Educación y Deporte, y de la Agencia Pública de Educación de Andalucía, están llevando a una situación desesperada a miles de trabajadoras de los comedores escolares y aulas matinales«, según expone el sindicato en una nota.
La central sindical ya se dirigió al Gobierno andaluz a finales de marzo exigiéndole el cumplimiento del artículo 34 RDL 8/2020, que establece el pago y el abono de los gastos de personal de estos servicios externalizados a cargo de la Administración contratante. «Una obligación que la propia Junta asumía en la redacción inicial del Decreto Ley 3/2020, de 16 de marzo, pero que en el caso de los comedores escolares y las aulas matinales se estaba gestionando con silencio y evasivas por parte de la Consejería de Educación, abocando a las empresas de menor tamaño a la presentación de un ERTE ante la incertidumbre generada», destaca CCOO en el comunicado. La situación empeora el 1 de abril, cuando el Gobierno andaluz modifica el decreto ley, «generando aún más ambigüedad, dudas e incertidumbres sobre la situación de estas empresas y de sus plantillas, sin darles solución ni respuestas, ni aportar garantías de empleo, ni de cobro de salarios, ni de protección» La central exige que se establezca un procedimiento similar al de los contratos de servicios, para que se le pueda adelantar a cuenta a las concesionarias los costes salariales.
Por el contrario, la Junta, según Comisiones Obreras, «sigue mirando para otro lado y dejando pasar el tiempo, después de un mes de incertidumbre y de evasivas, para más de 13.000 trabajadoras –alrededor de un millar de ellas en Córdoba- que prestan un servicio esencial para 250.000 niños y niñas en unos 2.000 centros de Andalucía, en su inmensa mayoría, mujeres contratadas bajo la figura de fijas discontinuas por curso escolar, con salarios bajos, que rondan desde los 250 a los 600 euros».
CCOO exige que la consejería «deje de poner excusas y cumpla con lo comprometido y anunciado, respondiendo a la problemática de 13.000 trabajadoras en situación de precariedad que prestan un servicio esencial para la infancia de Andalucía, y gestionando esta crisis con eficacia, celeridad y sin dejar a nadie atrás, como demanda el conjunto de la ciudadanía para proteger a los que más lo necesitan«.
En esta situación se encuentra Ana Ramírez, de 46 años, que cuenta que tras declararse el estado de alarma provocado por el Covid-19, la empresa en la que trabaja, Mediterránea de Catering, acaba de emprender el camino hacia el ERTE y a partir de ese momento se ha quedado parada sin saber si le aceptarán a la empresa la solicitud y podrá cobrar algo o por el contrario dejará de tener ingresos. A su cargo tiene una hija.
Esta empleada desempeña su actividad en el colegio Europa, donde sirve comida en el comedor del centro y narra con gran nerviosismo la situación en la que se encuentra y lo que tendrá que afrontar tras el fin de este mes, último que sabe con certeza que va a cobrar. «Ahora, según lo que nos cuentan los sindicatos, la empresa se va a intentar acoger a un ERTE para poder soportar los sueldos de todas las trabajadoras», añade. «He solicitado una ayuda de alimentos porque no tengo ni para comer». Esta mujer asegura que aunque hagan un ERTE solo le van a quedar 300 euros y con eso «no llego a nada».
«No tengo a nadie que me ayude en esta situación, mi padre que cobra una pensión ayuda a mi hermano que tiene un hijo con discapacidad y está parado, no soy capaz de pedirles nada ahora mismo»
Su situación es compleja, ya que toda su familia atraviesa un momento parecido. Tiene dos hermanos que ahora mismo viven en la misma vivienda por no poder pagar un techo único. El sustento principal y quien tiene ingresos de su círculo es su padre, que cobra una pensión por jubilación y con eso hasta el momento vivían él, su mujer y lo que restaba se lo dan a su hijo. Sobre su hermano explica que los únicos ingresos que obtiene es de la recogida de chatarra,»pero ahora ni eso consigue«.
«Una pensión de 700 euros no da para tantas familias«. Ana ve a sus padres agobiados por no poder hacer nada. «Antes nos ayudábamos los unos a los otros, pero en esta situación no podemos ayudarnos ninguno». A parte de la hija que tiene a su cargo, esta trabajadora tiene otra de mayor edad que ya es independiente aunque a veces necesita una mano también y tampoco puede ayudarla en nada.
Ana Ramírez explica que según lo que el sindicato le ha explicado, puesto que la empresa no se ha puesto en contacto con ellas todavía, «la Junta de Andalucía va a dejar aproximadamente a 4.000 personas en la calle, por no ayudarnos como ha dicho en repetidas ocasiones». Cree que no están cumpliendo lo que dijeron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la Junta en un primer momento y que además después de hablar en televisión que «no iban a dejar a nadie en la calle, ahora están dejando atrás a muchísima gente».
Ana, como muchas otras personas ahora mismo, no sabe lo que va a hacer y está pendiente de las ayudas que el Estado de para poder salir adelante. «Ya no sabemos qué vamos a hacer», advierte, mientras enciende la televisión y ve cómo los políticos dicen que van a ayudar a todo el mundo y que nadie se va a quedar atrás. Pero explica que en la práctica no es así y que hay muchas personas que lo están pasando mal y no los están ayudando.
Por su parte, el sindicato Comisiones de Base (Co.bas), por medio de Manuel Ortega, coordinador de secciones sindicales, apunta que muchas de las personas han sido despedidas y en sus puestos se encuentran ahora voluntarios.
«Todas estas personas se han quedado sin empleo, pero el reparto de comida en los colegios se sigue haciendo con personas que no cobran».
Ortega plantea que son trabajadores que siguen haciendo falta, pero para no pagarles han propuesto bolsas de voluntarios que ocupen el lugar de estos de una forma gratuita. Además, expresa que tras desentenderse la empresa de las empleadas, la Junta ha hecho lo mismo a pesar de anunciar que se iban a hacer cargo de ellas. Co.bas mantiene que «son muchas familias que no saben qué van a hacer a partir de este mes». Este sindicato muestra su apoyo a las familias y ha conseguido una ayuda en alimentos para afrontar esta crisis económica viene.
Por su parte, la Delegación de la Junta de Andalucía en Córdoba trasmite que se ha abonado el coste de los servicios a la empresa Mediterránea Catering, y por tanto deriva el problema y responsabilidad a esta empresa adjudicataria.
