J.Peña
La vuelta al cole es, cada vez, una realidad más cercana. Después de un semestre de clases online, niños y niñas de toda España vuelven ahora a sus colegios. Sin embargo, el colegio al que van a asistir estos alumnos no es el que recordaban.
Con el objetivo de cumplir las medidas de seguridad frente al Covid-19, la Junta de Andalucía ha movilizado sus presupuestos para garantizar el pleno desarrollo de las clases en entornos seguros. Por ello, el Plan de Educación 2020/21 cuenta con 600 millones de inversión, incluyendo la contratación de 6.000 docentes más y 150.000 dispositivos digitales que facilitarán el aprendizaje del alumnado.
Este refuerzo extra será destinado, principalmente, a centros cuyo número de estudiantes por aula sea más elevado. Además, los mismos contarán con un equipo Covid, que desempeñarán labores de protección en casos específicos frente a la pandemia que nos asola.
Al margen, la Consejería de Educación y Deporte ampliará el personal de apoyo en unos 1.500 trabajadores y destinará 25 millones de euros a institutos y colegios de educación permanente, entre otros.
En contraparte, las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPAs), muestran, cada vez más, su descontento con las medidas tomadas por parte de la Junta. Además de la disminución del ratio en las aulas, piden la renovación de las técnicas de enseñanza, optando por dispositivos personales en lugar de libros, que favorecen los contagios. También exigen flexibilidad en los horarios escolares, para evitar que todos los alumnos entren y salgan a la misma hora, eludiendo así la posibilidad de aglomeraciones en las entradas y las salidas de los centros.
No solo eso, sino que la posibilidad de la llegada de unas clases semipresenciales es una situación que muchos padres temen. En el caso de que se necesitara dividir la enseñanza en modalidad online y presencial, para evitar el riesgo de contagio, la logística de muchos hogares se vería gravemente afectada.
«No es lo mismo hacerlo en institutos y universidades que en colegios. Si yo tengo que trabajar y no tengo oportunidad de llevarme el trabajo a casa, no puedo dejar a un niño de menos de diez años solo durante toda una mañana. Llevar a los niños con los abuelos en otros casos podría ser una opción, pero en nuestro caso particular, sus abuelos no poseen conexión a Internet en sus casas, por lo que los niños no podrían estudiar ni dar clases», nos comenta Juan Luis P., padre de dos pequeños.
En pie de guerra
Mientras tanto, la Consejería de Educación ha anunciado el cierre de matriculación en algunos centros, lo que ha generado un ambiente de crispación entre los padres y madres de algunos alumnos. Por ello, las AMPA de siete colegios de Córdoba (Algafequi, Caballeros de Santiago, Hernán Ruiz, Joaquín Tena Artigas, Juan de Mena, José de la Torre y el Cerro, y Concepción Arenal) han salido a manifestarse, tanto en la calle como en redes sociales, frente a las medidas por parte de la Junta. Ya no es solo el hecho de que los pequeños y sus respectivos padres no tendrán derecho a elegir dónde quieren estudiar, sino que en algunos casos podrán ser, incluso, separados de sus hermanos.
Algunos partidos políticos no han tardado en salir en defensa de estas asociaciones. En ellos podemos incluir al Consejo del Movimiento Ciudadano, el Sindicato Provincial de Enseñanza de CC.OO. y Adelante Andalucía, que han expresado públicamente su descontento ante las medidas impuestas por la Junta y su incondicional apoyo a las asociaciones que critican la nueva normativa.
En un comunicado, el Consejo de Movimiento Ciudadano de Córdoba ha decidido «mostrar su oposición a la reducción injustificada de unidades de los colegios públicos en un momento donde había que aprovechar para reducir ratios».
De la misma forma, el CMC ha expuesto que la Consejería de «no puede estar buscando soluciones para cumplir la separación física de metro y medio para el próximo curso y, al mismo tiempo, ampararse en la bajada de natalidad para cerrar unidades de colegios públicos».
Además, Antonio Sánchez, secretario general de CC.OO., ha dicho que «en ninguna situación debería consentirse el cierre de líneas, pero en el contexto actual resulta totalmente demencial. Debe garantizarse el distanciamiento físico y la ratio en base a principios sanitarios y de atención al alumnado».
Por tanto, a la espera de una respuesta por parte de la Consejería de Educación, los padres y madres de los niños afectados ya se están movilizando en busca de una solución. Exigen «responsabilidad y el presupuesto necesario para que los niños puedan acudir a clase de la forma más normal posible».
Hasta entonces, la movilización tanto de ciudadanos como de partidos políticos de peso pueden suponer una diferencia clara a la hora de tomar medidas al respecto. El mensaje escrito en las pancartas es una clara declaración de intenciones: «Ni un aula menos. Respeto a la libre elección de centro. Sí a la pública».
