El pasado miércoles día 6 de abril, Carolina Darias, ministra de Sanidad anunció en una rueda de prensa la decisión del Consejo Interterritorial de Salud de utilizar la vacuna de AstraZeneca solo en personas de entre 60 y 65 años “por principios de precaución”.
Además, según la ministra de Sanidad, la propuesta fue aprobada “por amplia mayoría”. Todas las autonomías, en excepción de Madrid, han votado a favor de esta medida. Por su parte, la Comunidad de Madrid quería ampliar el límite a mayores de 65 años, mientras que País Vasco y Ceuta se han abtenido, apoyando así la propuesta de inyectar la vacuna solo a mayores de 60.
María Jesús Lamas, directora general de la Agencia Española de Medicamentos ha explicado que, según el Comité de Seguridad de la Agencia Europea del Medicamento, “el balance beneficio y riesgo de la vacuna sigue siendo favorable. Sin embargo, encuentra que estos efectos secundarios tienen un vínculo con la administración de la vacuna”.
Lamas ha comentado que “en la Unión Europea y en el Reino Unido se han identificado hasta el 4 de abril, 169 casos de trombosis cerebrales y 53 en el abdomen, cuando unas 34 millones de persona habían recibido al menos una dosis de esta vacuna de AstraZeneca”.
Por su parte, según ha compartido Lamas, hasta el momento se han contabilizado en España doce trombos entre mas de 1.700.000 dosis administradas y casi todos en mujeres menores de 60 años.
Con esta decisión, la situación de las personas menores de 60 años que ya han recibido una dosis no está muy clara ya que se barajan dos opciones: no completar la vacunación o recibir la segunda dosis. Por tanto, no se ha podido confirmar que los menores de 60 años vayan a poder recibir la segunda dosis.
Actualmente, aproximadamente dos millones de españoles han recibido la primera dosis y, según Darias, administrar la segunda dosis es una “posibilidad que hay que valorar” y que “algunos estudios apuntan a darles otra vacuna”.
A pesar de esto, la Comisión de Salud Pública tiene prevista una reunión para hoy en la que se decidirá si se elimina el límite de 65 años, como se está pidiendo desde comunidades como, por ejemplo, Madrid.
