Las medidas acordadas el miércoles por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para prevenir la propagación del coronavirus en los tribunales han tenido una desigual acogida, al facilitar que haya juicios a puerta cerrada, se suspendan, como se ha anunciado el lunes en el juzgado de lo Mercantil, o los ciudadanos tengan que esperar en la calle, como en Pozoblanco. Mientras que los jueces de Córdoba están tomando decisiones sobre las actuaciones en sus respectivas oficinas judiciales, los letrados, tanto a través del Colegio de Abogados de Córdoba como del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, rechazan toda iniciativa que no sea suspender las actuaciones judiciales “por considerar que dicha decisión puede comprometer las medidas preventivas establecidas por las autoridades sanitarias para la contención de la propagación del virus Covid-19, al obligar a los profesionales y ciudadanos a realizar traslados y comparecencias en lugares cerrados y concurridos, como son los tribunales de justicia”, según se refleja en un documento al que ha tenido acceso Insitu Diario.
Los letrados ven amenazado el derecho de defensa, “con merma del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución Española, al no darse las condiciones adecuadas para que los abogados puedan mantener las reuniones preparatorias con sus clientes, testigos, peritos u otros profesionales”.
Como ya ha adelantado este medio, el Colegio de Abogados de Córdoba ha acordado “aplazar todas las actividades formativas, culturales y sociales programadas hasta el día 12 de abril” y ha suspendido el servicio de préstamo de togas de forma temporal y hasta que se haya verificado oficialmente el control de la enfermedad”. El decano de los letrados, José Luis Garrido, solicitó ayer al presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, la dispensa a los abogados del uso de la toga como medida preventiva y con carácter excepcional, de forma que puedan comparecer sin ella para la realización de vuestras intervenciones profesionales. La petición fue acogida de forma favorable.
Por su parte, José Luis Rodríguez Laínz, titular del juzgado de Instrucción número cuatro de Córdoba, ha decido que “la atención al público se realizará manteniendo una distancia de seguridad de al menos dos metros del lugar de trabajo de cada funcionario que atienda al interesado; procediéndose a la separación de las sillas”, así como que “en el servicio de guardia todas las declaraciones de detenidos, perjudicados, testigos y comparecencias se realizarán mediante videograbación; limitándose el acta que se levante a dejar constancia gráfica de lo actuado”.
Su compañero del juzgado de lo Social número tres, Antonio Jesús Rodríguez Castilla, advierte en un escrito que “los juicios y vistas se celebrarán a puerta cerrada” y recomienda a abogados y graduados sociales que hagan uso del poder apud acta para evitar que los justiciables acudan a las dependencias judiciales. Este magistrado reclama a “los responsables de la Ciudad de la Justicia” y a la Consejería del ramo que “faciliten al personal de este juzgado mascarillas, guantes y productos de higiene/desinfección para las manos”. A la vez reclama que se convoque la junta de jueces al valorar “como insuficientes las medidas recomendadas” por el Poder Judicial y hace una llamada a “la sensibilidad a los órganos de gobierno de la Justicia, colegios profesionales, sindicatos y resto de ciudadanía para que exijan y reclamen ante todos los organismos e instituciones competentes medidas que eviten el contagio y la propagación de esta enfermedad que, una vez más, afecta a los más débiles”.
En Pozoblanco, el juez decano de ese partido judicial expone que toda persona que esté citada o quiera efectuar una actuación “deberá esperar en el exterior del juzgado hasta que sea avisado por el personal” de la oficina judicial, “intentando en lo posible mantener las distancias de seguridad acordadas por el Ministerio de Sanidad”. Quienes no se encuentren en la situación antes citada “deberán ponerse en contacto con el agente de la Guardia Civil para exponer su necesidad de ser atendidos” y será el juez quien” decidirá lo que proceda”.
En el juzgado único de Baena “queda prohibido el acceso a toda persona que no sea funcionario judicial” y advierte a abogados y procuradores que “deberán abstenerse de entrar salvo que fuera absolutamente necesaria su presencia en alguna actuación judicial”. El resto de personas “serán atendidas en una mesa colocada a tal efecto a la entrada” del juzgado.
Por último, el Consejo General de la Abogacía Española demanda en relación al turno de oficio que “la obligatoriedad de que las administraciones públicas en materia de Justicia provean las fórmulas para limitar el contacto de los abogados de oficio con sus clientes y, en el caso de ser imprescindible, se les dote de todo el material profiláctico” y se “respeten las distancias de seguridad, habilitando para ello salas más amplias y prohibiendo la atención en calabozos”. Este organismo señala que “el personal de los diferentes cuerpos policiales deberá adaptar la asistencia letrada al detenido y el asesoramiento a las víctimas de la violencia de género a las especiales circunstancias en que nos encontramos, buscando fórmulas telemáticas para materializar el servicio”.
