Empleo destina 1,7 millones de euros a los ayuntamientos cordobeses para mejorar la cualificación de los desempleados

Mª Dolores Gálvez,  ha informado que en la provincia, “son tres mancomunidades, Guadiato, Subbética y Vega del Guadalquivir, y 18 ayuntamientos, los que van a desarrollar 50 acciones formativas"

Carmen Martínez

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha concedido a 21 entidades locales cordobesas 1,7 millones de euros para realizar acciones de Formación Profesional para el Empleo destinadas a personas trabajadoras desempleadas con dificultades para su inserción o recualificación profesional. Los ayuntamientos y mancomunidades han contado con un catálogo abierto de especialidades formativas para presentar sus solicitudes, de cara a poder elegir aquellas que han creído más oportunas y necesarias según las características propias de cada localidad.

La delegada de Empleo, Mª Dolores Gálvez,  ha informado que en la provincia, “son tres mancomunidades, Guadiato, Subbética y Vega del Guadalquivir, y 18 ayuntamientos, los que van a desarrollar 50 acciones formativas, que impartirán más de 16.000 horas de formación y que beneficiarán a 750 desempleados cordobeses”. La responsable territorial ha querido destacar que “las entidades locales beneficiarias ya han recibido por adelantado, un pago único, para que así no tengan necesidad de comprometer el resto de los recursos municipales, ni se vean obligados a adelantar con fondos propios el importe necesario para llevarlas a cabo”.

La mayoría de las acciones impartidas cuentan con certificados de profesionalidad y entre las especialidades destacan la sociosanitaria, construcción o administración. Aunque también se pondrán en marcha acciones en las ramas de ocio y tiempo libre, energías renovables, jardinería, seguridad, informática, electricidad o competencias clave. Las personas desempleadas a quien va dirigida prioritariamente esta formación son aquellas con dificultades para su inserción o recualificación profesional o cumplan estos requisitos: perceptores de rentas mínimas de inserción social o de ingreso mínimo vital; parados de larga duración; mayores de 45 años; inmigrantes; personas con déficit de formación que no hayan obtenido el título de Enseñanza Secundaria Obligatoria o equivalente; personas con problemas de drogodependencia u otros trastornos adictivos que se encuentren en proceso de rehabilitación o reinserción social; personas que tengan reconocida la condición de refugiado y solicitantes o beneficiarios de protección internacional, del estatuto de apátrida o de protección temporal; personas pertenecientes a minorías étnicas y aquellas personas que acrediten estar en situación o riesgo de exclusión social.

También se incluyen a mujeres desempleadas en situación de vulnerabilidad y a personas desempleadas con necesidades formativas especiales, que sufran discapacidad física, mental, intelectual o sensorial.