Hasta 18 meses de cárcel por infringir el estado de alarma

Las multas pueden ir desde los 100€ hasta los 600.000€ por el incumplimiento del decreto

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Foto: insitu diario

El Gobierno español decretó el sábado en el Consejo de Ministros el estado de alarma nacional ante la pandemia del Covid-19. El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo de 2020, en su artículo 20 establece una serie de sanciones por el incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las autoridades.

Las multas o penas a las que se enfrenta la población que vulnere estas restricciones dependen del tipo de incumplimiento.

Según la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, las personas que decidan quitar o mover vallas u elementos que coloquen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para delimitar un perímetro de seguridad podrán recibir una multa que vaya desde los 100 a los 600€.

También, según establece esta misma ley, aquellas personas que desobedezcan, se resistan o se nieguen a identificarse a las autoridades o agentes de seguridad podrán enfrentarse a multas de entre 601 a 30.000€.

Por otro lado, aquellas personas que mantengan conductas que puedan suponer un riesgo grave para la salud pública pueden enfrentarse a una multa de 3.001€ hasta 60.000€, de acuerdo a la Ley General de Salud Pública. E irán de 60.001 hasta 600.000€ cuando se observen conductas u omisiones muy graves para la salud de la población, o se incumpla de forma continua alguna de las prohibiciones establecidas en el estado de alarma.

También la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil establece multas que oscilan entre los 1.501 hasta los 600.000€, dependiendo de su gravedad, a los miembros de intervención y asistencia de vigilancia y protección en el incumplimiento de las restricciones, órdenes y prohibiciones, así como de los deberes de colaboración a los servicios de vigilancia y protección de las empresas públicas o privadas efectuados por los titulares de los órganos competentes o los miembros de los servicios de intervención y asistencia, incluidos los deberes de colaboración a los servicios de vigilancia y protección de las empresas públicas o privadas.

En cuanto a las penas de prisión, el Código Penal en su artículo 556 establece que se aplicará la «pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses a los que se resistan o desobedezcan gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, o al personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad».

Ana María Barbero

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