IU apoya a un activista condenado por cortar la valla que cerraba el camino público del Bañuelo

Manuel Trujillo deberá pagar un multa aunque su intención no era la de causar daño a una propiedad privada

Vista aérea de El Bañuelo. FOTO: Plataforma 'A Desalambrar'
Vista aérea de El Bañuelo. FOTO: Plataforma 'A Desalambrar'

La Red de Medio Ambiente de IU Córdoba y la dirección provincial han manifestado su «total y absoluto apoyo» a Manuel Trujillo, el activista de la Plataforma A Desalambrar que ha sido condenado por cortar la valla que mantenía cerrado el camino público del Bañuelo. Trujillo, que en primera instancia había sido absuelto por considerar la autoridad judicial que la acción había sido un «acto simbólico«, ha sido condenado ahora a una multa, después de que la propiedad de la finca que cruza el camino recurriera la primera sentencia.

El responsable de la Red de Medio Ambiente, Juan Felipe Flores, ha lamentado que activistas y plataformas como A Desalambrar estén «pagando las consecuencias de la inacción de las administraciones públicas que deberían garantizar el uso y disfrute de los caminos públicos por parte de la ciudadanía».

En este sentido, ha defendido que «en la primera fase del juicio quedó probado que la intención de Trujillo no era la de causar daño a una propiedad privada, sino que la acción pretendía llamar la atención sobre la injusticia que representa que un camino público, como el del Bañuelo, se encuentre cerrado por decisión exclusiva de un particular y sobre la necesidad de que la autoridad competente, en este caso el Ayuntamiento de Córdoba, actuara para evitar este agravio y recuperar esta vía para el uso ciudadano y el libre tránsito».

Por todo ello, desde IU han mostrado su «solidaridad» con Trujillo y con la Plataforma A Desalambrar y han reiterado su exigencia de que «todo patrimonio público, empezando por el natural y medioambiental, se garantice para el disfrute de la ciudadanía».

Al respecto, han destacado que «son las administraciones públicas las que deben velar por este derecho y las consecuencias de esta inacción son situaciones como la que viven este activista y organizaciones como A Desalambrar, que llevan años peleando contra injusticias ante las que el Consistorio o la Junta de Andalucía han mirado sistemáticamente hacia otro lado».