REDACCIÓN – INSITU DIARIO
Antonio Ruiz, presidente de la Diputación de Córdoba, ha comparecido esta mañana en el primer pleno telemático extraordinario, donde ha afirmado que se va a proceder a la desinfección de las 61 residencias de ancianos de la provincia de Córdoba.
Las residencias de ancianos, tanto públicas como privados, son uno de los principales focos del Covid-19, lo que ha provocado que se haya convertido en una de las mayores preocupaciones para las administraciones. Ruiz ha comunicado esta mañana que «si bien, la Brigada de Infantería Guzmán el Bueno X procedió a la desinfección de los centros que presentaban casos positivos de coronavirus, ahora, se va a proceder a actuar en cada una de las residencias de la provincia para velar por la seguridad de nuestros mayores. La Diputación va a proceder, a través de la contratación de una empresa privada especializada, a la desinfección de todas y cada una de las 61 residencias de la provincia, excluyendo la capital». Para ello, la Diputación va a proceder a contactar durante el día de hoy con los ayuntamientos de la provincia para que les comuniquen las residencias y los trámites para actuar con la mayor brevedad posible.
Ruiz también ha hecho especial referencia a las dos competencias que se han destinado a este colectivo vulnerable o de alto riesgo, el Centro de Psicodeficientes de Alcolea y el Servicio de Ayuda a Domicilio, prestados desde el Instituto de Bienestar Social (IPBS). Estos servicios han procedido a la redistribución de los turnos para que el impacto y el riesgo se minimice. Además desde el IPBS se ha solicitado a la Consejería de Política Social la colaboración para que puedan priorizar los recursos disponibles para el cuidado de personas dependientes o con escaso o nulo apoyo familiar. Así como poder reorganizar el cuidado del servicio doméstico por el servicio de entrega a domicilio de alimentos.
El IPBS y ayuntamientos de la provincia también han acordado aprobar el plan extraordinario de cuidados municipales que garanticen la atención de las personas mayores, más de 5.000, dependientes durante la situación de alarma extraordinario. Se ha pretendido garantizar la seguridad de las auxiliares de atención de ayuda a domicilio y la atención de las personas dependientes.
