La Fiscalía abre investigación sobre la adjudicación de contratos de Infraestructuras

Pedrajas ha cuestionado al alcalde, José María Bellido que "siga sosteniendo que el máximo responsable de esta delegación no sabía nada de todos estos informes"

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Pedro García y Cristina Pedrajas

La Fiscalía ha abierto diligencias de investigación sobre la adjudicación de contratos del área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba tras la denuncia inicial de IU y Podemos en mayo por unas obras de la avenida de Libia ante el Ministerio Público y que se completó desde la asesoría jurídica municipal con un informe sobre actuaciones con contratos menores referidos a 2020 por parte de un técnico municipal.

En una rueda de prensa, los portavoces de IU y Podemos, Pedro García y Cristina Pedrajas, respectivamente, junto a las ediles de ambos grupos, Alba Doblas y Ana Muñoz, han informado de la apertura de dichas diligencias, precisando que la Fiscalía señala que «en la causa existen indicios suficientes para considerar que se está ante hechos que en una primera aproximación pueden revestir los caracteres de los delitos de prevaricación y falsedad en documento público, sin perjuicio de que en el avance de la investigaciones se permita determinar si se está ante otros delitos».

Además, han dicho que en este momento inicial de la investigación se apunta a un técnico del Consistorio y la coordinadora general de Infraestructuras, algo que han calificado de «grave», todo ello «sin perjuicio de la posible participación de terceros», han aseverado en relación al escrito del Ministerio Público.

En este sentido, Doblas ha explicado que «desde Fiscalía se ha trasladado al juzgado la denuncia que se interpuso por las prácticas irregulares«, a lo que ha añadido que «esto corrobora que existe un ‘modus operandi’ en el gobierno local oscuro, falto de transparencia e irregular», así como que «el alcalde sigue amparando las prácticas irregulares que se llevan a cabo por personal del gobierno».

A su juicio, «la Fiscalía es clara, que se ha utilizado la función pública para imponer arbitrariamente el mero capricho de la autoridad o del funcionario, que hay indicios que ponen de relieve que se actúa con plena conciencia de que se resuelve al margen del ordenamiento jurídico y de que se ocasiona un resultado injusto, que la omisión del procedimiento legalmente establecido es una de las razones que pueden dar lugar a la calificación de los hechos como tales».

Asimismo, ha citado en base al escrito del fiscal que «no nos encontramos ante una mera irregularidad administrativa o discordancia interpretativa de la norma, sino que nos encontramos realmente ante una resolución absolutamente injusta, con conocimiento de lo mismo y que se confeccionaron documentos con fechas que no se correspondían a la realidad, ni al contenido de los mismos».

Por ello, Doblas ha valorado que el Ministerio Público les da «la razón en la gravedad de los hecho, pero lo verdaderamente preocupante es que una vez que este miércoles la resolución llegó al Ayuntamiento el alcalde no pone en la calle a los responsables políticos, como la coordinadora general de Infraestructuras y el delegado de Infraestructuras».

EL PAPEL DE ASESORÍA JURÍDICA

Mientras, Pedrajas ha declarado que tras la denuncia de ambos grupos «la asesoría jurídica del Consistorio, en paralelo, cogió el guante, estuvo haciendo un estudio exhaustivo de todos los contratos menores que ha habido en Infraestructuras por encima de 3.000 euros» y «daba la razón en el sentido de que había indicios de posible prevaricación y falsedad en documento público, al margen de que haya otras cosas«.

Al respecto, la portavoz de Podemos ha comentado que asesoría jurídica ya apuntaba en su informe a «posibles vínculos familiares en los contratos, falta de documentación, posible falsedad en certificaciones y actas, tramitación de contratos como contratos de obras que pueden tener un máximo hasta 40.000 euros, cuando deberían haber estado catalogados como suministro de cuantía menor, el exceso porcentaje de baja permitido en las ofertas».

Igualmente, ha señalado a «la existencia de informes desfavorables por el titular del órgano de apoyo dirigidos a la coordinadora, advirtiéndole del fraccionamiento y de lo cual ella hizo caso omiso, entre otros muchos», al tiempo que ha subrayado la citación de la Fiscalía sobre «la posible participación de terceros», de manera que cree que «hay más personas responsables y políticos».

IU Y PODEMOS PIDEN LA DIMISIÓN DEL EDIL

Entretanto, Pedrajas ha cuestionado al alcalde, José María Bellido (PP), que «siga sosteniendo que el máximo responsable de esta delegación, David Dorado (Cs), no sabía nada de todos estos informes y el delegado en todo este tiempo no habla en ningún momento con su coordinadora«, por lo que considera que «es un inepto e irresponsable totalmente o hay una connivencia con la coordinadora en todo lo que estaba pasando».

Además, ha preguntado «¿por qué desde que asesoría jurídica pone delante ésto y lo lleva a Fiscalía no ha hecho nada todavía?, ¿por qué ha permitido que ese funcionario, esa coordinadora y el delegado como responsable máximo político de la Delegación sigan trabajando todos los días actuando de la misma forma desde mayo?».

En su opinión, «es imperdonable lo que pasa en este Ayuntamiento«, de forma que desde ambos grupos han pedido la dimisión del delegado de Infraestructuras.

CONTRATOS SUPUESTAMENTE INFLADOS

Por otra parte, en relación a la denuncia de Dorado ante la Fiscalía en la que asegura que los contratos municipales de alumbrado público fueron sistemáticamente inflados entre 2016 y 2020 con un coste de cientos de miles de euros, según ha adelantado el diario ‘ABC’, Doblas ha lamentado que «Dorado intenta tapar sus vergüenzas sacando a los técnicos de Infraestructuras como presuntos responsables de otros hechos».

De igual modo, la edil ha defendido que «en el mandato anterior se actuó con una transparencia que permitió a todos los grupos conocer cuáles eran las decisiones de la mesa de contratación, los procedimientos aplicados, las cuantías de los contratos, el contenido de los expedientes», a lo que ha añadido que ahora «se habla de expedientes que no se han mandado íntegros hasta que no los ha pedido el fiscal, porque la oposición no podía conocerlos».

Al hilo, García ha explicado que «hay una mesa de contratación que tendrá que defenderse y hay técnicos que hacen los contratos que tendrán que defenderse«, a lo que ha agregado que «ahora habrá una investigación donde se verá si esos contratos estaban inflados, si las mesas de contratación durante esos años no han detectado que esos contratos estaban inflados y un montón de técnicos de contratación tendrán que defenderse».

El portavoz ha enfatizado que IU y Podemos quieren que si existe dicha actuación en los referidos contratos que «hasta el último responsable aclare cuál ha sido su papel en todo esto», a la vez que ha apostillado que «en dos años y medio en este mandato ha habido más casos de presunta corrupción, falta de transparencia y oscurantismo que en los últimos 40 años».

Y ha remarcado que «del mandato pasado si hubiera algún problema técnico de las contrataciones que se han hecho, habrá responsabilidades técnicas, porque políticamente desconocíamos cualquier irregularidad», pero «ahora no, porque ya el jefe de la asesoría jurídica estaba diciendo que se estaban cometiendo irregularidades y que la coordinadora general estaba cometiendo una irregularidad», algo que «no pasó en el mandato anterior», ha dicho.

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