Los ayuntamientos podrán poner en marcha por primera vez acciones de Formación Profesional para el Empleo

El delegado ha destacado que esta convocatoria surge de escuchar las demandas de los consistorios

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Ángel Herrador

El delegado de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta en Córdoba, Ángel Herrador, y la jefa de servicio de Formación para el Empleo, Emilia Pulido, han mantenido un encuentro por videoconferencia con alcaldes y técnicos de ayuntamientos cordobeses, a quienes habían convocado para informarles sobre la nueva orden de subvenciones, dotada con 60 millones de euros, dirigida a las entidades locales para que puedan poner en marcha por primera vez en sus municipios Formación Profesional para el Empleo (FPE).

Según ha detallado la Administración autonómica en una nota, Herrador les ha explicado que desde que se tuvo conocimiento de esta convocatoria, que está próxima a ponerse en marcha, ya que este último Consejo de Gobierno aprobó la transferencia de dinero para este cometido, «tuvimos clara la necesidad de reunirnos con los principales activistas para ponerla en marcha y poder concretar con vosotros las características de la misma, requisitos y abordar las dudas y cuestiones que tengáis al respecto».

«Queremos facilitar, en la medida de lo posible, la participación del mayor número de ayuntamientos de la provincia en esta convocatoria ya que es por concurrencia competitiva«, ha puesto de manifiesto el responsable de la Junta de Andalucía.

El delegado ha destacado que esta convocatoria surge de escuchar las demandas de los propios ayuntamientos, «que nos habéis demandado y ofrecido vuestra colaboración para la ejecución de políticas activas de empleo, especialmente en materia de formación en muchas ocasiones y así, de este modo, los fondos distribuidos por la conferencia sectorial tendrán la mayor ejecución posible, y conseguiremos que lleguen al mayor número de desempleados en esta situación postpandemia«.

El responsable de Empleo ha incidido en una de las principales características de esta nueva orden de subvenciones: la financiación hasta el cien por cien de la programación presentada por las entidades locales beneficiarias, en un pago único y por adelantado, «sin necesidad de comprometer el resto de los recursos municipales, que no os veáis obligados a adelantar con fondos propios el importe necesario para llevarlas a cabo».

«Esta es la línea en la que venimos trabajando con los ayuntamientos porque somos conocedores de vuestras dificultades económicas y queremos facilitar su puesta en marcha y desarrollo sin que os suponga hipotecar partidas destinadas a otras necesidades», ha comentado Ángel Herrador.

Asimismo, ha aclarado que las acciones podrán englobar todas las especialidades incluidas en el Fichero Andaluz de Especialidades Formativas, «esto quiere decir que el catálogo está completamente abierto con el fin de facilitar la puesta en marcha de acciones que se crean más oportunas y necesarias, es decir las que vosotros creáis que se adapten mejor a vuestros territorios». Lo que se persigue «es la inserción y recualificación laboral de las personas desempleadas cordobesas, combatiendo las altas tasas de desempleo que tenemos en la actualidad», ha expresado.

CONVOCATORIA

En dicha convocatoria podrán participar las entidades locales previstas en la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía, acreditadas o inscritas en el Registro de Centros y Entidades colaboradoras de Formación Profesional para el Empleo de Andalucía o, en su caso, en el Registro Estatal de Entidades de Formación para las especialidades formativas solicitadas.

Los colectivos a los que va dirigida son personas trabajadoras desempleadas de larga duración que requieran de recualificación profesional, mujeres desempleadas en situación de vulnerabilidad, así como desempleados con dificultades para su integración en el mercado de trabajo (perceptores de rentas mínimas de inserción social o de ingreso mínimo vital, desempleados mayores de 45 años, o con déficit de formación, con discapacidad, o personas inmigrantes en situación de desempleo).

El control de las obligaciones de justificación del importe total de la ayuda concedida se verá reforzado con la labor de los funcionarios del cuerpo de habilitación nacional, los interventores y secretarios interventores de los ayuntamientos, lo que dotará de mayores garantías el procedimiento de justificación.

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