Los juristas en los tiempos del cólera

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Foto: insitu Diario

JAVIER VARGAS

Abogado

Una fatalidad, la tragedia humana, provocada por un ser microscópico, es decir que no se ve, nos ha provocado a todos los que participamos de la Administración de Justicia una conmoción doble. En un lado, están todos los fallecidos y enfermos con sus nombre y apellidos, cada uno con su pequeña o gran historia personal y familiar; por otro lado, asistimos con estupor a un intento de desmoronamiento del “valor justicia”.
El poder político, sin contar con todos los que participamos, cada uno en su esfera, de la búsqueda del anterior valor (justicia), intenta crear un frente de divisiones internas. La máxima del Imperio Romano era “divide y vencerás”. El Gobierno lo está tratando de hacer.
El problema de la Justicia, la hermana pobre de todos los presupuestos, ya sea en las dictaduras ya sea en las democracias, si se ha mantenido a flote es por el factor humano y por la conciencia ética de muchos de los que intervinimos en ella.
Efectuada la interior introducción, no se pueden buscar culpables del colapso que ya teníamos y un aumento de éste, en cantidad incalculable, que se producirá y seguramente, provocará, que los poderosos, incluso los que están en el Gobierno, no respondan ante la Ley. La diferencia entre un estado de derecho y otro que no lo es está en que el poder siempre responde ante la Ley en el primero, mientras que el segundo lo hace ante la historia, con Dios o sin Dios. En el Siglo V a. de C., en Atenas, ciudad Estado, ya se decía que hay que defender la Ley antes que las murallas de la ciudad. Los que somos anónimos y casi desterrados, pero fundamentales para el funcionamiento del estado de derecho, tenemos que participar de una unidad, indestructible, para que todas las voces desde todos los ángulos y parcelas se unifiquen, para regular no solo el presente y futuro, sino el pasado, fuertemente espasmodizado, por la carga de trabajo que se tenía.

No soy un gestor, ni hay curas milagrosas ni bálsamos de fierabrás, pero estoy seguro que desde nuestras respectivas corporaciones, asociaciones, sindicatos y órganos e instituciones constitucionales, tendremos que resolver esta cuestión. El problema no es si el mes de agosto se trabaja o no se trabaja en los juzgados, soy partidario de que no, pero hay que conjugar el titánico esfuerzo que nos espera, sabiendo que el poder político nos quiere imputar una responsabilidad que no es nuestra. Está claro que en la unidad que reclamo todos y cada uno de los que formamos y conformamos la Administración de Justicia tenemos que hacer autocrítica. En todas las casas hay páginas nobles y páginas oscuras. Pero eso no quita, ni mucho menos que se haga una crítica también a la ciudadanía, en general, por sus niveles de incumplimiento que siguen el ejemplo de las Administraciones públicas que son las primeras incumplidoras; los juzgados que hacen responder a la Administración ante la Ley estaban, están y estarán siempre colapsados por muchos juzgados y nuevos jueces ocupando las plazas que se creen, pues el nivel de burocracia (poder de las mesas) es tan enorme que obliga a muchos ciudadanos a entablar litigios innecesarios. En igual forma ocurre en la jurisdicción social y en la Justicia de la España vaciada, nuestros queridos pueblos, en la jurisdicción civil, y en concreto la de familia: hay que respetar las garantías pero también como observadores desde nuestra ventana abierta a las pasiones humanas, no nos hemos preguntado qué está fallando a nivel social, humano y familiar para que los lazos de unión sean tan provisionales que apenas duran los del convite.

Este no es el problema de la Justicia, pero no podemos permanecer mudos sobre nosotros mismos al apuntar también que hay una crisis de valores en nuestra sociedad. No es hora de modificar las leyes orgánicas, ni mucho menos las garantías procesales; no consiste en acotar los plazos de estas normas. Consiste en que se cree una comisión de todos nosotros, de índole primero pragmática, para detectar dónde está la fuga de agua del barco común. La segunda cuestión es ya un problema de la sociedad, y en ella tenemos que encontrarnos todos, no en las ideologías (cuerpos cerrados y dogmáticos) sino en los grandes ideales, entre ellos el respeto a la Ley, la libertad y por supuesto no olvidándose nunca que estamos en un cambio de era donde se hace inevitablemente necesario que nos atengamos al aspecto social de nuestra Constitución.

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