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Padres de alumnos que denuncian al Gobierno balear por retención valoran que se tumbe el confinamiento

El letrado considera, que la retención practicada vulnera derechos fundamentales de los jóvenes

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El grupo de padres de diez alumnos del IES Góngora de Córdoba aislados en Mallorca por el Gobierno de Baleares y que ha denunciado a la directora general de Salud Pública de la comunidad, María Antonia Font, y la Consejería de Salud balear por supuestamente retener de forma «indebida» a sus hijos en el hotel medicalizado Palma Bellver, pese a haber dado negativo en PCR practicadas y no estar en el listado de personas que tienen que confinarse, valora que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Palma ha decidido no ratificar el confinamiento forzoso de los jóvenes que hayan dado negativo o a los que no se les ha practicado la prueba.

Según ha destacado a Europa Press el abogado y padre de una de las alumnas, Luis Espinosa, dicha resolución es «positiva al estar en la línea» de lo que ellos mantienen, si bien cree que «es insuficiente«, porque es un procedimiento en el que ellos no intervienen, todo ello pendiente de analizar el auto.

Al respecto, ha afirmado que «la Consejería de Salud ha tomado una decisión que conlleva una limitación de derechos fundamentales de las personas, que están constitucionalmente garantizados».

En este sentido, Espinosa ha comentado que los diez alumnos se están organizando y les ha transmitido que la intención es que «preparen sus maletas para el viaje de vuelta» a Córdoba, aunque la resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palma puede ser recurrida en apelación ante la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

Además, ha remarcado que «de momento» van a mantener la denuncia presentada por ellos al entender que supuestamente se comete un delito por los funcionarios públicos contra el ejercicio de derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las leyes, el artículo 542 del Código Penal, que implica una pena de uno a cuatro años de inhabilitación absoluta para el funcionario que fuese condenado.

Según las cifras proporcionadas en la mañana de este miércoles por el Gobierno balear, la resolución del juzgado afectaría a 181 jóvenes aislados en el hotel. La resolución es ejecutiva y significa que estos 181 alumnos ya pueden abandonar el hotel. Otros 51 estudiantes alojados en este hotel sí habían dado positivo y deberán quedarse.

Así, en cuanto a los 175 jóvenes andaluces que están en aislamiento en Mallorca, hay 34 positivos y son todos de la provincia de Córdoba.

Por otra parte, dos de los estudiantes, procedentes de Córdoba, aislados en dicho hotel abandonaron este martes por la noche las instalaciones y uno de ellos se encuentra con conocidos de su familia, mientras que el otro regresó. Ambos habían dado negativo en las PCR.

LA DENUNCIA

En relación con la denuncia contra el Gobierno balear, Luis Espinosa ha detallado que el grupo de diez jóvenes a quienes representa fue conducido el día 25 de junio al citado hotel en ambulancia y bajo custodia policial por su posible vinculación al macrobrote.

Un día después, la Consejería de Salud aprobó una resolución que no entró en vigor hasta el 27 de junio y que fue remitida posteriormente a los padres. En dicha resolución, se ordenaba el confinamiento forzoso en régimen de aislamiento bajo custodia policial de una serie de estudiantes, incluyendo en dos anexos los nombres, apellidos y DNI de los estudiantes afectados.

Sin embargo, revisados dichos anexos, los nombres de estos diez jóvenes del IES Góngora, que salieron de Córdoba después de dar negativo en una PCR y que se sometieron a otra el día 26 en Mallorca que también dio negativo, no figuran en ninguno.

El letrado considera, por tanto, que la retención practicada vulnera derechos fundamentales de los jóvenes, dado que «no se les puede vincular de ningún modo al brote en cuestión«, y que «se ha abusado de su disposición de colaborar con el esclarecimiento de lo ocurrido», al «convertir un acompañamiento voluntario cautelar en una retención indebida por agentes de seguridad del Estado».

Además, los jóvenes llegaron a Mallorca el día 22, «con autorización de la agencia de viajes que sigue unas normas que pone el Gobierno de Baleares, que tenían que ir con una prueba negativa«, de manera que «todos eran negativos», según detalla, para remarcar que «ellos no han participado en ninguna de las macrofiestas, ni botellones que ha habido, porque las fiestas son del fin de semana del 18 y 19 de junio», y asegura que «no han estado en contacto con los positivos».

Espinosa insiste en que «pese a haber cumplido todos los requisitos sanitarios exigidos por las autoridades y sin justificación alguna», dado que «no hay resolución que explique su confinamiento, continúan en el hotel medicalizado, lo que les ha hecho perder los vuelos de regreso –previstos para el domingo– y no poder disfrutar de las actividades programadas y autorizadas por el propio Gobierno balear», recalca.

DEPURAR RESPONSABILIDADES

El abogado y padre de una de las menores confía en que «se depuren las responsabilidades que pueda haber de todo tipo, personales, penales y patrimoniales«, a la vez que se solicita al juzgado que «dé la orden inmediata de que dejen salir a los niños y puedan volver a sus lugares de origen».

Asimismo, apunta que los diez siguen dando negativo tras dos pruebas, una el 21 y otra el 26, advirtiendo en este caso de las consecuencias y acciones que llevarán a cabo los padres «como se infecten» sus hijos ante «el descontrol» que tienen en Mallorca.

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