Puente Nuevo entra en un plan del Gobierno para reactivar el Guadiato tras el cierre de la central

Administraciones y agentes sociales elaborarán un convenio de transición del modelo productivo

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REDACCIÓN – INSITU DIARIO

El Instituto para la Transición Justa (ITJ), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha iniciado hoy, martes 16 de junio, los procesos de participación pública que permitirán que los agentes sociales y económicos de las zonas afectadas por los cierres de centrales térmicas de carbón contribuyan de forma activa en la elaboración de los respectivos Convenios de Transición Justa. En concreto, se activan los procesos participativos de Puente Nuevo-Valle del Guadiato (Córdoba) y Carboneras (Almería).
Según informa la Subdelegación del Gobierno en una nota, estos mecanismos de participación pública, paso previo a la elaboración de los Convenios de Transición Justa, posibilitan la identificación de posibles proyectos, inversiones y oportunidades de empleo que garanticen la reactivación económica de cada zona, basada en un modelo productivo diversificado y sostenible, generando nuevas oportunidades para las personas, sin dejar a nadie atrás.
La información recabada en los procesos participativos, gracias a las contribuciones de los diferentes agentes sociales y económicos de la zona, constituye la base para la elaboración final de los Convenios de Transición Justa. Estos convenios incluirán las mejores propuestas y proyectos identificados en el proceso, que serán seleccionados en base a su capacidad de generar y fijar empleo sostenible en el medio y largo plazo, en las zonas afectadas. Además, los convenios incluirán medidas para apoyar la ejecución de los proyectos seleccionados, ya sea diferentes fuentes de financiación como otras formas de apoyo específicas que puedan necesitar. La incorporación de iniciativas a los convenios atenderá también a su adecuación en términos ambientales, sociales y económicos, activando así la transición ecológica en cada punto. En conjunto, se trata de aunar participación social con profesionalización de los procesos.

Participación de agentes sociales


En concreto, los procesos participativos se dirigen a los agentes sociales y económicos del territorio, incluyendo Administraciones Públicas, organizaciones sindicales, empresas y organizaciones de los sectores empresariales, pero también universidades, centros educativos, asociaciones y organizaciones ambientales no gubernamentales, agencias de desarrollo, grupos de acción local y demás entidades interesadas o afectadas.
Los procesos de participación permanecerán abiertos hasta el 7 de julio y, de partida, la documentación de los mismos ha sido remitida a un centenar de agentes en cada uno de los procesos. No obstante, se trata de un procedimiento abierto y cualquier entidad o particular interesado puede realizar contribuciones.
Los documentos que acompañan al proceso –la delimitación y diagnóstico preliminar de cada zona y el cuestionario de participación- están disponibles en la web de MITECO. Se trata de un proceso abierto a todas las aportaciones, que serán consideradas para realizar las modificaciones necesarias para que el convenio se adapte a la realidad de las zonas.

Esto incluye la delimitación preliminar que se presenta para cada zona, que no constituye un listado definitivo, dando la oportunidad de proporcionar datos que, en base a los criterios
establecidos, permitan la inclusión de nuevos municipios.
Las aportaciones han de remitirse a través de la dirección de correo electrónico:
Convenios_Transicion_Justa@tragsa.es. Hoy, martes 16, también se inician los procesos participativos para los Convenios de Transición Justa de Castilla y León y Meirama (Galicia).

Protocolos de actuación


En paralelo al lanzamiento de estos dos procesos participativos, el ITJ trabaja en la formalización de los respectivos protocolos de actuación, documentos que recogen el compromiso expreso adquirido por parte del Ejecutivo central, el Gobierno de Andalucía y los ayuntamientos para trabajar de forma conjunta, y a través de un procedimiento común, en la elaboración de los convenios. Su firma constituye una garantía para los diferentes actores y para los ciudadanos de las zonas afectadas por la transición energética.

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