El TSJA archiva la querella de Oliver y Zulategui contra el juez de Instrucción

La sala destaca "la absoluta ausencia de relevancia penal de los hechos expuestos"

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REDACCIÓN – INSITU DIARIO

La querella formulada por Luis Oliver y Joaquín Zulategui, gestores de la firma deportiva Bitton Sport y exconsejeros del Córdoba Club de Fútbol, contra Antonio Rodríguez Moyano, titular del juzgado de Instrucción número 5 de Córdoba, en la que atribuían al magistrado «determinados delitos supuestamente cometidos en el ejercicio de sus funciones» no ha sido admitida a trámite y se procede a su archivo por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) «por la absoluta ausencia de relevancia penal de los hechos expuestos en la misma», según exponen en un auto los magistrados de la sala Civil y Penal al que ha tenido acceso Insitu Diario. El auto no es firme y contra él cabe recurso de súplica ante esta misma sala. Cabe señalar que el fiscal solicitó en su momento el archivo de este procedimiento.

Rodríguez Moyano dirigió la operación Trapicheos, que supuso la detención y posterior puesta en libertad de Jesús León, presidente del Córdoba CF, y decretó la intervención de la entidad deportiva. Los querellantes aseguraban que el juez dejó por inacción en manos de la administración concursal el destino de la unidad productiva del club. La sala opina que el administrador concursal «contaba con autorización del juez del concurso». Los magistrados consideran que «la única prevaricación imaginable existiría sólo en el caso hipotético de que hubiera sido legalmente exigible, sin género de dudas y sin alternativas, la denegación de la autorización para la venta, pero no puede serlo el no reaccionar por vía de medidas cautelares al conocer el contrato de compraventa, autorizado por el juez concursal, y que perfectamente habría podido ser autorizado sin tacha de prevaricación por el juez instructor».

Oliver y Zulategui acusaron al juez de prevaricación, hechos desmotados en el párrafo anterior, así como de revelación de secretos y de un delito contra los derechos individuales de este último. Rodríguez Moyano remitió un informe al Consejo Superior de Deportes «acompañado de parte del atestado policial elaborado para las mencionadas diligencias previas de las que era juez instructor, en el que aparecían informaciones relativas» a Oliver que, «sin tener significación penal, podrían ser constitutivas de infracción en el ámbito deportivo». Al respecto, la sala señala que «el reproche es difícilmente comprensible» puesto que Oliver «no estaba imputado ni formaba parte de las diligencias previas» y que «la información ofrecida en tal informe carecía de toda relevancia penal», por lo que «el traslado del informe no perjudicó en absoluto al procedimiento penal».

Sobre el caso particular de Zulategui, el TSJA señala «al ser incompatible la condición de investigado, o la de responsable civil del delito objeto de la investigación, con el ejercicio de la acción popular, se había de apartar» a este querellante «del procedimiento como acusación popular, reteniendo la fianza de 3000 euros para posibles responsabilidades civiles que en su día puedan dictarse, formando pieza de responsabilidad civil.

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