REDACCIÓN -INSITU DIARIO
La hoja de ruta del Ministerio de Justicia, Poder Judicial y Junta de Andalucía para reactivar la actividad en juzgados y tribunales no avanza, por lo menos en Córdoba. Hoy tenía que haber entrado en la fase 2, que implica la incorporación de hasta el 70% de la plantilla, pero la Justicia en la comunidad autónoma se queda donde estaba y tendrá que seguir funcionando con solo un tercio de los funcionarios trabajando. La clave está en la reunión sectorial que mantuvieron en la tarde del lunes los sindicatos y la consejería, donde salió a la luz la falta de informes solventes sobre las actuaciones en materia de seguridad sanitaria en las instalaciones judiciales.
El retorno a la actividad ordinaria de juzgados y tribunales está diseñado para que se lleve a cabo en cuatro fases sucesivas y este martes se encaraba la segunda de ellas, que supondría que el porcentaje de personal que atendería los turnos (60-70%) se calcularía sobre la plantilla efectiva de cada órgano o servicio, incluyendo a los funcionarios de gestión procesal y administrativa, los funcionarios de tramitación procesal y administrativa y los de auxilio judicial. Así se reflejaba este plan en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado sábado.
Según ha podido saber Insitu Diario de fuentes sindicales, la falta de mediciones relacionadas con la seguridad laboral es el principal motivo para atrasar el pase a la siguiente fase, que había sido acordado por el Gobierno, el Poder Judicial y las comunidades autónomas con competencias. En esta materia, la intención de la representación de los trabajadores es que se cuente con la opinión de los comités de salud laboral, como dispone la normativa.
Entre las disposiciones generales de la orden publicada por el BOE figuran las condiciones en las que se prestará el turno de tarde, que se establecerá «cuando el número de funcionarios que acuda a cubrir el turno de trabajo impida garantizar el mantenimiento de las medidas de seguridad».
El ministro de Justicia, Juan Manuel Campo, explicaba el viernes en una nota que junto a esta desescalada gradual y progresiva, el levantamiento de la suspensión de los plazos procesales a partir del 4 de junio será clave en la reactivación judicial. La medida quedó formalmente aprobada ese día por el Consejo de Ministros. En opinión de Campo, “lo más prudente” era reactivar los plazos en esa fecha y no antes, porque permitirá reanudar la tramitación pendiente en las condiciones previstas para la fase 3, con el 100% de efectivos en los juzgados. El ministro anunció también que su departamento trabaja ya en el diseño y planificación de planes de choque en los órdenes de lo social, contencioso-administrativo y mercantil, los más afectados por el parón de actividad. La idea es identificar desde diferentes parámetros estadísticos dónde es necesario poner el foco y establecer los refuerzos para ayudar a la recuperación económica.
Campo instó a “coordinar y conectar esfuerzos” para el éxito de estos planes específicos de actuación, sobre los que se realizará un seguimiento exhaustivo, para su reedición en 2021. “Tenemos que demostrar que tenemos capacidad para resolver los problemas de la ciudadanía”, ha dicho. También pidió a las comunidades autónomas y las administraciones competentes “voluntariedad y generosidad” para articular, también, la puesta en marcha de juzgados que atiendan, de forma temporal, los asuntos derivados de la crisis. El planteamiento del Ministerio de Justicia es tener en funcionamiento a finales de año 23 de estos órganos que continuarán su actividad en 2021.
